Doctor
Juan Jiménez Mayor
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Presente.-
De nuestra consideración:
Me dirijo a Ud. a nombre de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entidad que agrupa a 79 instituciones que trabajamos defendiendo y promoviendo los derechos humanos en el Perú.
En esta oportunidad queremos dar respuesta a algunas de las afirmaciones que ha sostenido Ud. en una entrevista realizada por la periodista Mariella Balbi y publicada hoy en el diario El Comercio sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos verdaderamente preocupados por sus respuestas pues consideramos que son imprecisas y pueden llevar a una mayor confusión a la población sobre el importante rol del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
1.- En primer lugar nos preocupa la respuesta que Ud. le da a la pregunta “¿Las organizaciones de derechos humanos en el Perú no buscan una solución amistosa?”. Su respuesta es “Sin duda que no. Cuando no había democracia era una forma eficiente de actuar. Ahora no lo es porque existen escenarios de solución amistosa”.
Los organismos de derechos humanos siempre hemos dialogado y planteado soluciones amistosas, lamentablemente han sido los gobiernos que representan al Estado peruano quienes no han accedido y prefieren llegar hasta la Corte Interamericana.
En la actualidad tenemos 159 casos que involucran a 500 personas, aprobados en el 2001, que están en proceso de una solución amistosa con el Estado. Muy pocos de los compromisos estatales se han cumplido a la fecha. Por ejemplo, en relación a los casos referidos se firmó una solución amistosa en la cual, entre otros temas, el Estado se comprometía a ceder un terreno en propiedad a 200 familias. Hoy ese terreno aún no ha sido saneado y corre el riesgo de que se pierda. Estamos hablando de 200 familias que incluso han construido y pueden perder sus casas por una inacción estatal.
Asimismo, le hemos solicitado que nos otorgue una cita para poder dialogar sobre estos temas hace más de un mes y aún no tenemos ninguna respuesta de su despacho. De otros ministerios hemos recibido respuestas afirmativas y hemos acudido para poder dialogar sobre una serie de temas muy puntuales.
2.- Por otro lado, Ud. señala que: “Lo segundo es que la comisión tiene un papel confrontacional con los Estados. No plantea mecanismos de solución amistosa con estos. Hace un permanente pimpón entre el peticionario y el Estado. Eso dura un buen tiempo”.
Nos sorprende esta respuesta pues, como es sabido, todo trámite en la Comisión Interamericana de DDHH incluye una solución amistosa como parte del proceso. Es decir, la CIDH tiene la obligación de llevarla a cabo.
3.- A su vez nos preocupa la siguiente declaración: “Si el Perú determina que no hubo ejecuciones extrajudiciales ¿qué puede decir la Corte? Nada, se acaba el caso”. Y en líneas anteriores sostiene: “Quien decide ello [el fallo] es el tribunal peruano. Si determina que estas no ocurrieron, no hay caso”.
Estas declaraciones desconocen la constitución (art. 44 y 4ta disposición final y complementaria) así como las leyes nacionales que reconocen la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del sistema Interamericano en general. Estas instancias no pertenecen a los Estados sino a los pueblos, y precisamente a ellas han recurrido miles de peruanos para poder obtener justicia en situaciones de inequidad. Negar que los fallos de la Corte Interamericana deban cumplirse es realmente grave, situación que solo ha sido registrada con anterioridad durante el gobierno del sentenciado Alberto Fujimori.
4.- En la entrevista hay una serie de imprecisiones, como por ejemplo, cuando ante la pregunta “¿Lograremos cambios en la OEA?”, Ud. contesta: “Pienso que sí. Uno será la salida de Santiago Cantón, el secretario ejecutivo de la comisión. Es una pieza que genera muchos problemas a nivel interamericano”.
El secretario de la Comisión Interamericana de DDHH, Santiago Cantón, renunció a la Secretaría Ejecutiva a inicios del 2011 y dejará este cargo en diciembre de este año. Además es pública la convocatoria a un concurso para ocupar dicha plaza: está publicada en la página web de la comisión desde mayo del año pasado. Por lo tanto, la salida de Santiago Cantón no podría ser un logro de estas gestiones.
5.- Finalmente nos preocupa el siguiente parágrafo: “Yo estoy en una posición consistente. Creo que los DD.HH. no tienen precio, como ocurre en muchos casos. Por los montos que se piden se han convertido en negocio. Las organizaciones de DD.HH. deberían pensar que hay otros tipos de derechos que defender. Mire el SITRAMUN que está en la corte y pide una indemnización de 1.300 millones de soles. Los de contraloría tienen una sentencia en la corte y aspiran a una indemnización de 240 millones. ¿Cuánto valen los derechos humanos?”.
Nuestras organizaciones se rigen por principios: los derechos humanos no tienen un costo, no son un bien de uso ni de consumo. Se trata de normas básicas que las diferentes doctrinas reconocen en todo el mundo como imprescindibles para la convivencia y para la institucionalidad democrática. Consideramos que esa pregunta, así formulada y planteada en el comentario final de la entrevista, es ofensiva para todas aquellas víctimas que, tras procesos engorrosos y largos años de espera, buscan justicia y una posibilidad de resarcimiento.
A su vez, estamos totalmente convencidos de que es el Estado el garante de los derechos humanos de los ciudadanos. Nosotros como sociedad civil y movimiento de derechos humanos con una trayectoria de 27 años trabajando codo a codo con las víctimas, debido a esta convicción sobre el rol del Estado en la protección de derechos, estamos trabajando de manera conjunta al SE del Consejo Nacional de Derechos Humanos del MINJUS en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos, que debe de estar listo este año y que pretende plantear los fundamentos para que durante el período 2012-2016 las diversas instituciones del Estado los garanticen.
Por lo expuesto, señor Ministro, queremos dejar en claro que la posición del movimiento de derechos humanos es una sola: velar por las víctimas, exigir justicia y cooperar en la protección y difusión de los derechos de todos los peruanos y las peruanas.
Atentamente,
Rocío Silva-Santisteban Manrique
Secretaria Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
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