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Francisco Chamberlain, sj.
El problema más grande que tenemos en Ayacucho es con frecuencia el problema del que no hablamos, o peor, del problema que no queremos hablar. Según el estudio de la CVR, de todos los muertos en la guerra interna más de 40% son del Departamento de Ayacucho. Somos el lugar en el país que ha sufrido una inmensa cantidad de no sólo de muertes, sino también de familias dejadas en el más completo desamparo y abandono durante años, un abandono que continua hasta hoy. ¡Una cantidad mayor de muertos y víctimas mayor que cualquier otro departamento en el país! Se trata de miles y miles de personas en nuestro Ayacucho que ni saben dónde acudir para la necesaria información sobre sus casos, sin hablar de la resolución de los mismos. En verdad existe entre nosotros un escándalo de desatención que, por desgracia, sigue siendo un escándalo oculto para la mayoría de la gente.
Se abrió en Ayacucho hace dos años una oficina para el registro oficial de las víctimas de la guerra. Este registro de alcance nacional nació de la demanda de distintas organizaciones de la sociedad civil, demandas que por fin aceptó el gobierno central. Sin embargo, el gobierno central otorgó una penuria de recursos totalmente insuficientes para este esfuerzo. De todos modos, en pésimas condiciones, se formó equipos en distintas partes del país para registrar a las víctimas de la guerra con la idea de que, siendo válidamente registradas, las familias víctimas podrían ser, así, aptas para una compensación. Dicha compensación no podría nunca remediar lo que habían perdido, pero al menos sería un reconocimiento de parte de la nación de que estas personas víctimas sí existen, que son peruanos y peruanas que han sufrido inmensamente y que el estado en algo quiere y debe compensar.
La penuria de recursos otorgados por el gobierno central para este enorme esfuerzo de registro era otro escándalo. Aquí en Ayacucho, el equipo del registro, liderado por Maricela Quispe, ni tenía los recursos necesarios para alquilar una pequeña oficina. Porque sin una oficina para recibir y acoger a las personas víctimas; el registro simplemente no podría funcionar.
Maricela me habló y así pusimos a su disposición a unos cuartos en el primer piso de la Casa Matteo Ricci (Jr. M.P. de Bellido 467, int. 4, a una cuadra de la Plaza de Armas y apenas media cuadra de Jr. Asamblea). Allí la oficina de registro funcionó durante meses, y funcionó muy bien, gracias a la dedicación admirable del equipo de Maricela Quispe. Por tanto, muchas de las familias ya conocen el lugar de la Casa Ricci.
El registro oficial ya ha dejado de funcionar debido al abominable decreto supremo firmado por García en junio de 2011, que cerró el registro a fines del año pasado, y que Humala no ha derogado todavía. De todos modos, las familias afectadas por la violencia buscan una oficina, para recoger los certificados de haber sido registradas por el equipo de Marcela anteriormente, pero que todavía no se han recogido o para saber cómo va su trámite, en qué momento está. Se trata de un asunto de una básica humana compresión de la angustia de tantas familias durante años y años.
La Municipalidad Provincial de Huamanga ha tratado este reclamo de abrir una oficina, pero no ha llegado a una determinación al respecto. No sé cuál es el obstáculo que tiene la municipalidad, pero no creo que venga del alcalde, el Sr. Amílcar Huancahari, que estuvo presente y activo en la inauguración de la Cruz de la Hoyada el año pasado, el lugar de tantas muertes sin el más mínimo proceso judicial. Si el problema para la municipalidad es encontrar un sitio para la oficina, la Casa Ricci está dispuesta a ofrecer durante el día, mañana y tarde, un cuarto para que esta oficina pueda funcionar.
El problema de las miles de víctimas en Ayacucho de la guerra interna es el problema más grande que encara nuestra sociedad. Sin enfrentar seriamente este problema, las palabras de inclusión quedan sin respaldo, huecas, y las heridas abiertas quedan sin una mínima resolución.
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