Por Rocío Silva Santisteban
El
presidente Ollanta Humala propuso en los debates previos a la segunda
vuelta electoral del año 2011 un tema candente para la candidata Keiko
Fujimori: me refiero al caso de esterilizaciones forzadas. Durante el
debate, Fujimori quedó sin piso y sin alegar nada a su favor, por lo que
esos casos, un pendiente tremendo del fujimorismo, fueron uno de los
elementos básicos del éxito del actual mandatario. Hoy, a un año de
terminar su mandato, los casos de esterilizaciones forzadas han sido
relegados al rincón del olvido.
Lamentablemente hasta agosto tiene plazo la fiscal Marcela Gutiérrez
para presentar una nueva acusación. Teniendo en consideración que se
trata de un expediente de varios miles de folios y decenas de tomos, las
2.074 mujeres que denunciaron su situación de esterilizadas a la fuerza
pueden quedar desamparadas y los responsables impunes. ¿A alguien le
importan los cuerpos de las mujeres en este régimen? No olvidemos que,
según la Defensoría del Pueblo, 44 mujeres murieron por malas prácticas
durante las famosas “ferias de ligaduras de trompas”.
El día de ayer Diario16 ha publicado un impresionante reportaje con
datos y documentos levantados en Piura (Las Lomas, Ayabaca, Tambogrande,
Querecotillo, entre otros distritos) sobre la campaña de anticoncepción
quirúrgica (AQV) que, en esa zona, tuvo un “tremendo éxito”. El
reportaje incluye fotografías de médicos durante las operaciones y fotos
de militares que colaboraron con las campañas, todo registrado en
cuatro informes de los Centros de Salud Materno-Infantil de los lugares
mencionados.
En una entrevista a la parlamentaria andina Hilaria Supa en el mismo
reportaje, ella sostiene que la campaña tiene su origen en el Plan Verde
del primer gobierno de Alan García, creado por militares en 1989, cuyo
objetivo era “frenar la reproducción de la raza indígena”. No es broma,
es en serio. Es una vergüenza para el Perú. El documento dice en su
tenor que: “De nada servirá derrotar a la subversión si seguimos
incrementando en 500 mil personas anuales la demanda de alimentos […] Ha
quedado demostrada la necesidad de frenar lo más pronto posible el
crecimiento demográfico y urge un tratamiento para los excedentes
existentes: uso generalizado de esterilizaciones en los grupos
culturalmente atrasados…”. Por eso mismo, cuando se denuncian los casos
de esterilizaciones forzadas como de lesa humanidad no se está
exagerando. ¿Hubo una política genocida al respecto durante el
fujimorismo?
Giulia Tamayo, abogada y extraordinaria defensora de los derechos de
las mujeres, lamentablemente fallecida el año 2014, escribió lo
siguiente en el año 1998 en un reporte de CLADEM: “El presente reporte
demuestra que el Estado peruano es responsable de los actos de violencia
y otros abusos cometidos por los proveedores de esos servicios contra
las usuarias de los servicios públicos de salud, de la inexistencia de
mecanismos eficaces y oportunos para prevenir y sancionar tales actos y
del encubrimiento sistemático y la impunidad de estas violaciones en el
ámbito administrativo y judicial…”. Ese año Giulia tuvo que dejar el
Perú luego de recibir amenazas y de que una bomba estallara en su casa.
Hoy, ¿algo ha mejorado desde ese entonces? La impunidad del caso de
las esterilizaciones forzadas sigue sin importarles a la prensa, al
gobierno, a los fiscales y al presidente de la República, aunque,
seguramente, saldrá como ficha para frenar al fujimorismo en la próxima
escena electoral. Al parecer solo sirve para eso, ¡qué importan los
cuerpos de las mujeres y la “justicia que Dios defiende”!
