Les invitamos a participar en este blog dedicado a mantener la memoria histórica del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, al que se sumaron los crímenes cometidos por miembros de las fuerzas del Estado. También tenemos la Biblioteca Virtual de la Verdad y Reconciliación, cuyo contenido sigue creciendo. Al momento hemos registrado mas de 600 de libros, muchos de ellos digitalizados, así como cientos de fotografías, videos y cerca de 2,000 documentos y artículos periodísticos. http://www.verdadyreconciliacionperu.com/home.aspx


lunes, 31 de mayo de 2010

Giulia Tamayo: “En el Perú no se quiere hacer justicia con las mujeres esterilizadas durante el gobierno de Fujimori”



Un delito que fue obviado por las autoridades peruanas al juzgar por violación de derechos humanos al ex presidente Alberto Fujimori, ha sido el de las esterilizaciones forzadas impulsadas y practicadas durante su segundo gobierno.
Fueron más de 200 mil las peruanas a las que les ligaron las trompas con  engaños y a muchas, inclusive, las obligaron a hacerlo bajo amenaza de no recibir la ayuda alimentaria que les ofrecía el gobierno de Fujimori.
Este caso llegó a los tribunales peruanos, y luego de pasar diversas instancias  terminó en la Fiscalía Provincial de Delitos contra los Derechos Humanos, la que finalmente decidió archivar el caso en mayo de 2009. Decisión que fue confirmada meses después, en diciembre de ese mismo año, por la Fiscalía Superior de Derechos Humanos.
¿Es aún viable que las miles de mujeres peruanas que fueron víctimas de ésta abyecta  campaña de esterilización forzada auspiciada por el gobierno de Alberto Fujimori, puedan obtener justicia?
No sólo es posible sino que se trata de una obligación pendiente por la que debe responder el Estado peruano. Corresponde a las autoridades investigar, llevar ante la justicia y sancionar a los responsables, garantizando los derechos de las víctimas a contar con un recurso efectivo y obtener reparación”, dice Giulia Tamayo, abogada peruana que en 1997, cuando aparecen las primeras denuncias, comenzó a seguir el tema desde el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM).
Tamayo tal vez sea la jurista que mejor conoce el caso.
Ella efectuó una minuciosa recolección de testimonios que fueron reunidos en “Nada Personal. Reporte de Derechos Humanos sobre la aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica en el Perú 1996-1998”, una investigación que demuestra con pruebas fehacientes, la coerción a la que se sometió a las mujeres más vulnerables del país para ser víctimas de la esterilización forzada. Sobre todo aquellas que vivían en las comunidades más alejadas del país, quechua hablantes y campesinas.

“Hasta ahora las numerosas víctimas que han venido denunciando los graves abusos llevados a cabo en el marco del Programa de Planificación Familiar durante el régimen de Fujimori, han sufrido una segunda vulneración de sus derechos al ser mantenidas en una prolongada injusticia”, dice la abogada, quien debido precisamente a sus pesquisas, fue víctima de un acoso que la obligó a dejar el Perú para establecerse en España.
Tamayo trabaja como especialista en género y responsable del Departamento de investigación y políticas de Amnistía Internacional – España. Aunque el tiempo ha pasado, éste tema no deja de interesarle más aún después de la decisión de la justicia de archivar el caso a finales del año pasado, medida que interpreta como una “muestra obscena de desprecio por las víctimas de graves abusos contra los derechos humanos y de descomunal ignorancia del derecho internacional”.

¿Por qué no se incluyeron las esterilizaciones forzadas en la denuncia contra violación de derechos humanos por las que se ha juzgado a Fujimori?
Desde luego no ha sido por ausencia de denuncias de las víctimas. Lamentablemente en el expediente de extradición no fueron incluidos estos crímenes. Ello era tarea de las autoridades que tenían el deber de perseguirlos. No hubo ni voluntad política ni cumplimiento de funciones. Debo advertir más bien que ha habido en el Perú una cadena de resistencias en lo que concierne a hacer justicia a las mujeres que fueron víctimas de las esterilizaciones forzadas. Se ha preferido postergar y sacrificar una vez más a quienes disponen de menor poder social y no enfrentarse a individuos y estructuras de enorme poder económico, social y político. Es un indicador de la férrea exclusión que siguen padeciendo aquellas que además de ser mujeres, padecen pobreza y una manifiesta discriminación étnico racial, precisamente lo que las hizo víctimas de la política del régimen de Fujimori.

¿Por qué esta indiferencia con un tema que atañe a las mujeres más vulnerables e invisibilizadas del Perú?
Es la discriminación más absoluta que no ha sido abatida en el Perú. Buena parte de nuestros políticos, jueces, fiscales y demás funcionarios son reflejo de ello. Es penoso constatar la falta de tutela efectiva a los derechos de los sectores en mayor riesgo de abusos. Así, los crímenes contra los grupos de menor poder social, especialmente si son mujeres, tienden a ser proyectados como si no tuvieran trascendencia penal. En América Latina los movimientos de mujeres lo vienen denunciando, por ejemplo ante el asesinato de mujeres por ser tales en México o Guatemala.  Cuando un crimen no tiene consecuencias para sus responsables se extiende un mensaje de permisividad, la prolongación de la injusticia, y desde luego el riesgo de repetición de los abusos. 

¿Fujimori podrá ser juzgado algún día por este crimen que afectó a más de 200  mil peruanas?
Se trata de un crimen que no prescribe ni es de aplicación ninguna medida o mecanismo de impunidad. Está en nuestras manos dar la batalla. Él y sus cómplices lo saben. Nuevamente podremos apreciar quiénes se ponen del lado de la legalidad internacional, la justicia y la dignidad de las personas, y quiénes miran para otro lado o, lo que es más grave, intentan que el aparato del Estado vuelva a proteger a los criminales. Ya es hora de saber si nuestra transición consistió en cambiar un poco para que nada cambie, o si tenemos el coraje de construir un país donde no tenga cabida la cultura de la impunidad, sino los derechos humanos de todas las personas. La herida abierta en los cuerpos de las mujeres más pobres, entre ellas las de los pueblos indígenas, es una deuda pendiente que no se cierra con el paso de los años, sino con justicia y el reconocimiento de la dignidad y derechos que hasta hoy se les sigue negando.

Este es un tema que los presidentes Toledo y García, respectivamente, han ignorado.
Ciertamente. Los derechos humanos de estas mujeres no estaban en sus prioridades, ni siquiera en sus agendas. La impunidad de estos abusos parece haber sido más bien una carta política para negociaciones oportunistas con aquellos que pudieran resultar responsables.

¿Limpieza étnica en el Perú?

¿Puede ser considerado genocidio la esterilización forzada auspiciada por Fujimori, teniendo en cuenta que el foco se concentró en las mujeres indígenas, lo que hace pensar en una especie de “limpieza étnica”?
Hay autoras que consideran que los hechos ocurridos presentan los elementos constitutivos del crimen de genocidio. No seré yo quien cuestione esos puntos de vista. En el terreno de las evidencias siempre me pareció que debía ser explicado por qué las poblaciones indígenas, incluso aquellas que habían perdido un porcentaje enorme de su población durante el conflicto armado interno, como era el caso asháninca, les habían impuesto metas de gran magnitud para su dimensión demográfica. Los relatos de las campesinas indígenas quechuas del Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac eran impactantes respecto de la presión que se ejercía sobre ellas para esterilizarlas. En algunas zonas cobraba forma de una auténtica persecución bajo amenaza de uso de la fuerza pública. Cabe recordar que algunas de esas zonas todavía estaban bajo mandos político militares o la presencia militar era ostensible. Jurídicamente ni siquiera se debería descartar el crimen de guerra. Las mujeres indígenas y su potencial descendencia fueron tratadas como una amenaza en el contexto de un delirio securitario, desde luego racista, que identificó a la población de ciertos rasgos con el rostro del enemigo actual y futuro.

Muchas mujeres padecieron infecciones y enfermedades asociadas a estas intervenciones que se hicieron sin los más mínimos cuidados
Numerosas víctimas de la esterilización forzada  quedaron severamente afectadas en su salud tanto física como mental. Algunas me mostraron sus vientres que tenían cicatrices con las más variadas formas y proporciones. Parecía como si el personal de salud hubiera estado simplemente experimentando y poniendo en práctica un procedimiento para el cual carecían de pericia y experiencia. En el caso de las mujeres indígenas su mundo de relaciones y funcional quedó devastado. Culturalmente la experiencia vivida me fue narrada por ellas como una agresión mortal. Me expresaron que fue como perder la vida. La esterilización motivó el abandono por parte de sus parejas y su aislamiento al interior de sus comunidades. Su mundo quedó conmocionado. Algunas padecieron largos sufrimientos sin recibir asistencia médica. Entre las que fallecieron hubieron quienes vivieron días o semanas de agonía, abandonadas a su suerte. El caso de Mamérita Mestanza que fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es sólo un caso ilustrativo de lo que padecieron aquellas mujeres.

¿Por qué la Comisión de la Verdad no incluyó en sus investigaciones la esterilización forzada?
Eso lo deben responder quienes integraron la CVR. Ciertamente no fue fácil para quienes habíamos estado en la denuncia de estos crímenes, digerir la poca apertura de la CVR a incluir estos abusos. Probablemente hoy sus miembros no darían la misma respuesta, pero entonces su negativa fue una señal poco alentadora, especialmente en lo que concierne a los derechos de las mujeres indígenas que fueron un grupo abrumadoramente afectado. Hay un relato sobre la historia de esos años cuyas huellas están en los cuerpos de las mujeres indígenas, campesinas y de menor poder social. Hay que señalar que en términos comparados en la experiencia mundial de los mecanismos transicionales, la CVR en el Perú dio un paso adelante en advertir y abordar las cuestiones de género, pero al eludir las cuestiones de las esterilizaciones forzadas, perdió un fragmento clave sobre los alcances de la violencia política que vivieron las mujeres. Lamentablemente la CVR dejó solas a estas víctimas en su lucha por sacar a luz la verdad y buscar justicia.



Nota.
Agradecimientos al Centro de Documentación Periodística del Diario La República por el fotograma de su edición del 12 de enero de 1998.

jueves, 20 de mayo de 2010

9 PREGUNTAS PARA EL GENOCIDA FUJIMORI

1. ¿Diga usted si no es verdad que, en el momento en que nadie se le oponía en el país, dio órdenes a la Casa Militar del Palacio de Gobierno para que nombrase a un grupo de 25 médicos de las Fuerzas Armadas y de la Policía con el fin de elaborar un plan llamado AQV (Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria) pero que en realidad de voluntario no tuvo nada sino que, utilizando todo tipo de artimañas, forzó la esterilización por vida a las indígenas ligándole sus trompas de Falopio?

2. ¿Diga usted si no es verdad que en 1995 secretamente, como son las reuniones de los dictadores, usted convocó en el Club de las Fuerzas Aéreas del Perú, situado en el entonces lujoso balneario de Ancón, a los directores regionales de Salud, a la cúpula de sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía, así como a miembros de los ministerios de Defensa y del Interior, para anunciarles ese plan y conseguir de ellos el total respaldo ofreciendo recompensas económicas si conseguían las cuotas de esterilización planeadas, y que el ambiente, tono y autoritarismo desplegado intimidó expresarse libremente a los presentes?

3. ¿Diga usted si a esa reunión no siguieron otras en hoteles escogidos por su lujo y privacidad, como Paracas, La Granja, El Pueblo, donde los asistentes recibieron órdenes en un ambiente intimidatorio y prepotente como era su costumbre?

4. ¿Diga usted si su Casa Militar no controló el cumplimiento de las cuotas de esterilización que imponían?

5. ¿Diga usted si no es verdad que hasta la fecha en que usted huyó del país, las ligaduras de trompas de Falopio sobrepasó a 300,000 mujeres en su mayor parte indígenas quechua hablantes, pobres y analfabetas?

6. ¿Diga usted si no es verdad que todas las denuncias presentadas en el Congreso de la Republica por comisiones de investigación fueron archivadas gracias a los votos de su partido?

7. ¿Diga usted si no es verdad que una campaña tan atroz no se ha realizado ni en África?

8. ¿Diga usted si no estaba enterado de que el programa de esterilización de la población indígena con el fin de reducir su población está precisamente calificado como Genocidio por las Naciones Unidas?

9. ¿Diga usted si como antiguo súbdito del Imperio del Japón 大日本帝國 comparte la ideología racista que exhibió su país durante la Segunda Guerra Mundial llevándolos a cometer los más atroces crímenes contra la humanidad por creerse superiores a otras razas?
HM
Mayo 21, 2010
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Nota: las preguntas están basadas en documentos que aparecen en nuestra Biblioteca del Genocidio en Ayacucho http://www.genocidioayacucho.com/ . Para saber más entrar a Hemeroteca y/o en Fotografías y en Tema escribir: esterilizaciones forzosas.

sábado, 8 de mayo de 2010

TESTIMONIOS DE ESTERILIZACIONES FORZOSAS

Nuestra biblioteca virtual http://www.genocidioayacucho.com/ contiene muchos artículos relacionados con la campaña genocida de Fujimori para reducir la población indígena. Las mujeres forzadas a esterilizarse pasaron las 250,000.
Aquí mostramos algunos testimonios aparecidos en tres fuentes distintas.
I
• La revista Cosmopolitan en francés de octubre 2004, en su artículo Femmes du Monde incluyó estas fotografías. A la izquierda la señora Antonia Calderon declara: “lo entendí muy tarde. Ellos se aprovecharon de nosotras prometiéndonos alimentos y cuidados hospitalarios”. A la derecha aparece la señora Victoria Mejía y dice “fue esterilizada a los 24 años. Las enfermeras la amenazaron con llamar a la policía si su marido no firmaba”.











II
• Debajo extraemos un testimonio de los varios  publicados por el Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional
TESTIMONIO Nº11
A. NOMBRES Y APELLIDOS: Florencia Huayllas Vásquez
B. EDAD: 44 años
C. Nº L.E. / DNI: 24 37 42 66
D. DOMICILIO: distrito de Limatambo, Anta
E: DISTRITO / PROVINCIA: Limatambo - Anta – Cusco
F. ESTADO CIVIL (CONDICION): Casada con Constantino Huaypa
G: Nº DE HIJOS: 3 hijos
H. LUGAR DE NACIMIENTO: Limatambo, Anta-Cusco
I: NIVEL DE INSTRUCCIÓN: analfabeta
J. OPERADA (LUGAR, FECHA, HECHOS,SECUELAS, ETC.)

- Fui operada en 1997. No recuerdo del mes.
- Dos años antes de la operación yo ya tenía diagnóstico de anemia a lo que se agregaba una tos persistente.
- Yo usaba para cuidarme una T de cobre.
- En mayo de 1997 recibí la visita de la enfermera Julia (no recuerdo el apellido) quien ya me había buscado muchas veces.
- Mi esposo se niega a recibir a la enfermera pues ya había escuchado en la calle que cortaban a las mujeres para que no tuvieran hijos.
- Sin embargo, 2 enfermeras me ubicaron y envuelta en una frazada y diciendo que me iban a poner inyecciones para la anemia, me llevaron a la posta.
- Cuando llegué a la posta, me dijeron que para evitar que tenga hijos con anemia, me iban a ligar pues así me iba a curar.
- Asustada quise escapar. Pero lograron meterme en una sala. Me acostaron en el piso atada por las manos.
- Había otras señoras que tiradas sobre el piso me decían que para qué había ido pues me iban a cortar también.
- Dentro de estas mujeres distinguí a la hija de Anselma Sani de Sauceda a la que en ese momento la estaban forzando y atando de las manos.
- Pedí que no me cortaran pues tenía la T de cobre. Me contestaron que me la sacarían y que no pasaría nada. Y que además mi esposo había firmado y que la operación sólo duraría un año.
- Sin darme cuenta me quedé dormida.
- Cuando despertó era aproximadamente la medianoche (recuerda que cuando llegué a la posta eran las 8 de la mañana).
- Pese a la hora, me llevaron a mi casa en una carretilla, con mucho dolor.
- Estuve en cama 2 semanas.
- Se me inflama cuando tengo relaciones sexuales.
- Mi marido terminó separándose de mí.
sábado 8 de setiembre del 2001

III
• Por último mostramos un extracto del Informe Nº 27 de la Defensoría del Pueblo relacionado con una de las tantas muertes ocasionadas por la esterilización forzosa de mujeres. Los subrayados son nuestros.
CASO 1.10.2. J.G.CH.103 , 20 de junio de 1997.
Datos personales
Edad 23
Número de hijos 3
Número de embarazos 5
Pareja Sí
Educación No hay información
Idioma No hay información
Trabajo Ama de casa
Procedencia Marcavelica

En setiembre de 1997, la Defensoría del Pueblo recibió una queja presentada por la Diaconía para la Justicia y la Paz de Piura-Tumbes, en la que se denunciaba el caso de la señora J.G.CH., quien había sido sometida a una esterilización quirúrgica en el Centro Materno Infantil de Marcavelica, durante el mes de junio de 1997. Al día siguiente de la intervención, la señora falleció producto de una hemorragia interna.
La queja señalaba también que en dicho centro de salud se esterilizaba diariamente a aproximadamente cuarenta mujeres en condiciones precarias, quienes eran perseguidas por los enfermeros para ser sometidas a dichas intervenciones.
En setiembre de 1997, la Defensoría del Pueblo solicitó un informe sobre esta grave denuncia al doctor John Nagahata Nagahata, entonces Director de Programas Sociales y del Programa Nacional de Planificación Familiar del Ministerio de Salud.
Al respecto, en octubre de 1997 el doctor Nagahata informó que existía una investigación penal con relación al caso de la señora J.G.CH., en el órgano jurisdiccional del Distrito Judicial de Sullana. Asimismo, informó que el atestado policial había concluido señalando que no se había cometido delito culposo de impericia médica en este caso. de otro lado, señaló que el Centro Materno Infantil de Marcavelica tenía un promedio operatorio de seis intervenciones semanales y veinticuatro mensuales.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo solicitó en reiteradas oportunidades al doctor Marco Purizaca Furlong, Director del Centro Materno Infantil de Marcavelica, un informe respecto al caso de la señora J.G.CH., al cual se debía adjuntar una copia de la historia clínica completa de la mencionada señora y una serie de documentos adicionales.
Esta información fue remitida por el doctor José Leyton Abad, Director General de la Dirección de Salud Piura II, quien señalaba que la señora J.G.CH. había sido intervenida el 20 de julio (sic) de 1997, falleciendo al día siguiente por causas que se desconocían. Dicho informe señalaba también que la señora no recibió apoyo en las complicaciones post operatorias, por no haber sido solicitado. Lo que no se señalaba es que probablemente no pudo solicitar dicho apoyo, pues falleció pocas horas después de la esterilización.
Al respecto, puede destacarse que la señora J.G.CH. no firmó un consentimiento informado, sino una “Solicitud y autorización de atención para la prevención quirúrgica del riesgo reproductivo” el día 19 de junio, la cual no estaba contemplada en el Manual de Normas y Procedimientos para Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) vigente en ese momento. En efecto, es a partir de la segunda edición del referido manual que se hace referencia a las condiciones de alto riesgo reproductivo como excepción para el plazo de reflexión de 72 horas establecido entre las sesiones de consejería y la anticoncepción quirúrgica.
El médico asesor de la Defensoría del Pueblo realizó un informe con base en la documentación remitida a esta institución, señalando que la muerte de la señora J.G.CH. se derivó del sangrado interno de los órganos pélvicos, el cual se inició a raíz de la ligadura de trompas. Asimismo, el médico señaló que la referida señora no era una buena candidata para ser sometida a una anticoncepción quirúrgica en un centro de salud como el de Marcavelica, considerando el hecho que había sido sometida previamente a tres cesáreas.
De otro lado, se destaca la existencia de una nota en la historia clínica, firmada por la doctora Lucy Puell, en la cual se indica que la paciente solicitó su alta voluntaria. Sin embargo, no existe ninguna firma de la señora J.G.CH. que confirme lo señalado por la doctora Puell.
Por lo anteriormente expuesto, el informe médico concluye indicando que existe una relación causal entre la esterilización quirúrgica y el fallecimiento de la señora J.G.CH.
Durante el mes de enero de 1999, la Defensoría del Pueblo se comunicó con el doctor Guillermo Chira Mino, Juez del Segundo Juzgado Penal de Sullana, solicitándole un informe sobre el proceso penal. Asimismo, se le remitió copia del acta firmada por el doctor Martín Otoya, Jefe del Centro de Salud de Mallaritos, centro donde se brindó consejería a la señora J.G.CH., reconociendo la existencia de metas para la aplicación del programa de planificación familiar, las cuales eran consideradas para la evaluación de los diferentes centros de salud en que se realizaba este tipo de operaciones.
Adicionalmente, al amparo del artículo 17º de la Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, se le envió el informe del médico asesor de la Defensoría del Pueblo y el primer informe sobre la aplicación de la anticoncepción quirúrgica voluntaria, elaborado por esta institución.
Durante el mes de abril de 1999, el doctor Chira Mino informó que la instrucción que se seguía sobre este caso se encontraba en la Sala Mixta Descentralizada de Sullana, en apelación de la resolución que absolvía de la acusación fiscal a la totalidad de los encausados. Por este motivo, durante el mes de mayo de 1999 la Defensoría del Pueblo se comunicó con el doctor Gustavo Becerra Rojas, Presidente de dicha sala, solicitándole copia certificada de la resolución absolutoria.
El 8 de junio de 1999, se recibió un oficio del doctor Becerra Rojas, informando que la Sala Mixta Descentralizada de Sullana había confirmado la sentencia absolutoria.
Al respecto, llama la atención que la Corte Superior, no obstante reconocer que se produjo un sangrado en una de las trompas de la señora J.G.CH., descarte que este evento constituyó una consecuencia de la esterilización quirúrgica a la que fue sometida, argumentando que en el acta de necropsia no se señaló la hora en que se inició la hemorragia. Asimismo, en dicha resolución se sostiene que a la señora J.G.CH. le fueron administradas aspirinas, ya que presentaba dolor de cabeza. Al respecto, médico asesor de la Defensoría del Pueblo107 ha señalado que la indicación de tal medicamento no es recomendable para el caso de una paciente post operada, ya que puede inhibir la agregación plaquetaria y producir sangrado.
Finalmente, la sentencia señala que el alta de la paciente fue voluntaria; sin embargo, no existe ningún documento que pruebe que esto fue así.
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• Para conocer más sobre las esterilizaciones forzosas ordenadas por Fujimori, visite nuestra biblioteca virtual: http://www.genocidioayacucho.com/ . Entre a la Hemeroteca y en Temas escriba: esterilizaciones forzosas.

• Otros artículos sobre el tema aparecen en este mismo blog.

HM
8 de mayo de 2010