Giulia Tamayo: “En el Perú no se quiere hacer justicia con las mujeres esterilizadas durante el gobierno de Fujimori”

Un delito que fue obviado por las autoridades peruanas al juzgar por violación de derechos humanos al ex presidente Alberto Fujimori, ha sido el de las esterilizaciones forzadas impulsadas y practicadas durante su segundo gobierno.

Fueron más de 200 mil las peruanas a las que les ligaron las trompas con  engaños y a muchas, inclusive, las obligaron a hacerlo bajo amenaza de no recibir la ayuda alimentaria que les ofrecía el gobierno de Fujimori.

Este caso llegó a los tribunales peruanos, y luego de pasar diversas instancias  terminó en la Fiscalía Provincial de Delitos contra los Derechos Humanos, la que finalmente decidió archivar el caso en mayo de 2009. Decisión que fue confirmada meses después, en diciembre de ese mismo año, por la Fiscalía Superior de Derechos Humanos.

¿Es aún viable que las miles de mujeres peruanas que fueron víctimas de ésta abyecta  campaña de esterilización forzada auspiciada por el gobierno de Alberto Fujimori, puedan obtener justicia?

“No sólo es posible sino que se trata de una obligación pendiente por la que debe responder el Estado peruano. Corresponde a las autoridades investigar, llevar ante la justicia y sancionar a los responsables, garantizando los derechos de las víctimas a contar con un recurso efectivo y obtener reparación”, dice Giulia Tamayo, abogada peruana que en 1997, cuando aparecen las primeras denuncias, comenzó a seguir el tema desde el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM).

Tamayo tal vez sea la jurista que mejor conoce el caso.

Ella efectuó una minuciosa recolección de testimonios que fueron reunidos en “Nada Personal. Reporte de Derechos Humanos sobre la aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica en el Perú 1996-1998”, una investigación que demuestra con pruebas fehacientes, la coerción a la que se sometió a las mujeres más vulnerables del país para ser víctimas de la esterilización forzada. Sobre todo aquellas que vivían en las comunidades más alejadas del país, quechua hablantes y campesinas.

“Hasta ahora las numerosas víctimas que han venido denunciando los graves abusos llevados a cabo en el marco del Programa de Planificación Familiar durante el régimen de Fujimori, han sufrido una segunda vulneración de sus derechos al ser mantenidas en una prolongada injusticia”, dice la abogada, quien debido precisamente a sus pesquisas, fue víctima de un acoso que la obligó a dejar el Perú para establecerse en España.

Tamayo trabaja como especialista en género y responsable del Departamento de investigación y políticas de Amnistía Internacional – España. Aunque el tiempo ha pasado, éste tema no deja de interesarle más aún después de la decisión de la justicia de archivar el caso a finales del año pasado, medida que interpreta como una “muestra obscena de desprecio por las víctimas de graves abusos contra los derechos humanos y de descomunal ignorancia del derecho internacional”.

¿Por qué no se incluyeron las esterilizaciones forzadas en la denuncia contra violación de derechos humanos por las que se ha juzgado a Fujimori?

Desde luego no ha sido por ausencia de denuncias de las víctimas. Lamentablemente en el expediente de extradición no fueron incluidos estos crímenes. Ello era tarea de las autoridades que tenían el deber de perseguirlos. No hubo ni voluntad política ni cumplimiento de funciones. Debo advertir más bien que ha habido en el Perú una cadena de resistencias en lo que concierne a hacer justicia a las mujeres que fueron víctimas de las esterilizaciones forzadas. Se ha preferido postergar y sacrificar una vez más a quienes disponen de menor poder social y no enfrentarse a individuos y estructuras de enorme poder económico, social y político. Es un indicador de la férrea exclusión que siguen padeciendo aquellas que además de ser mujeres, padecen pobreza y una manifiesta discriminación étnico racial, precisamente lo que las hizo víctimas de la política del régimen de Fujimori.

¿Por qué esta indiferencia con un tema que atañe a las mujeres más vulnerables e invisibilizadas del Perú?

Es la discriminación más absoluta que no ha sido abatida en el Perú. Buena parte de nuestros políticos, jueces, fiscales y demás funcionarios son reflejo de ello. Es penoso constatar la falta de tutela efectiva a los derechos de los sectores en mayor riesgo de abusos. Así, los crímenes contra los grupos de menor poder social, especialmente si son mujeres, tienden a ser proyectados como si no tuvieran trascendencia penal. En América Latina los movimientos de mujeres lo vienen denunciando, por ejemplo ante el asesinato de mujeres por ser tales en México o Guatemala.  Cuando un crimen no tiene consecuencias para sus responsables se extiende un mensaje de permisividad, la prolongación de la injusticia, y desde luego el riesgo de repetición de los abusos. 

¿Fujimori podrá ser juzgado algún día por este crimen que afectó a más de 200  mil peruanas?

Se trata de un crimen que no prescribe ni es de aplicación ninguna medida o mecanismo de impunidad. Está en nuestras manos dar la batalla. Él y sus cómplices lo saben. Nuevamente podremos apreciar quiénes se ponen del lado de la legalidad internacional, la justicia y la dignidad de las personas, y quiénes miran para otro lado o, lo que es más grave, intentan que el aparato del Estado vuelva a proteger a los criminales. Ya es hora de saber si nuestra transición consistió en cambiar un poco para que nada cambie, o si tenemos el coraje de construir un país donde no tenga cabida la cultura de la impunidad, sino los derechos humanos de todas las personas. La herida abierta en los cuerpos de las mujeres más pobres, entre ellas las de los pueblos indígenas, es una deuda pendiente que no se cierra con el paso de los años, sino con justicia y el reconocimiento de la dignidad y derechos que hasta hoy se les sigue negando.

Este es un tema que los presidentes Toledo y García, respectivamente, han ignorado.

Ciertamente. Los derechos humanos de estas mujeres no estaban en sus prioridades, ni siquiera en sus agendas. La impunidad de estos abusos parece haber sido más bien una carta política para negociaciones oportunistas con aquellos que pudieran resultar responsables.

¿Limpieza étnica en el Perú?

¿Puede ser considerado genocidio la esterilización forzada auspiciada por Fujimori, teniendo en cuenta que el foco se concentró en las mujeres indígenas, lo que hace pensar en una especie de “limpieza étnica”?

Hay autoras que consideran que los hechos ocurridos presentan los elementos constitutivos del crimen de genocidio. No seré yo quien cuestione esos puntos de vista. En el terreno de las evidencias siempre me pareció que debía ser explicado por qué las poblaciones indígenas, incluso aquellas que habían perdido un porcentaje enorme de su población durante el conflicto armado interno, como era el caso asháninca, les habían impuesto metas de gran magnitud para su dimensión demográfica. Los relatos de las campesinas indígenas quechuas del Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac eran impactantes respecto de la presión que se ejercía sobre ellas para esterilizarlas. En algunas zonas cobraba forma de una auténtica persecución bajo amenaza de uso de la fuerza pública. Cabe recordar que algunas de esas zonas todavía estaban bajo mandos político militares o la presencia militar era ostensible. Jurídicamente ni siquiera se debería descartar el crimen de guerra. Las mujeres indígenas y su potencial descendencia fueron tratadas como una amenaza en el contexto de un delirio securitario, desde luego racista, que identificó a la población de ciertos rasgos con el rostro del enemigo actual y futuro.

Muchas mujeres padecieron infecciones y enfermedades asociadas a estas intervenciones que se hicieron sin los más mínimos cuidados

Numerosas víctimas de la esterilización forzada  quedaron severamente afectadas en su salud tanto física como mental. Algunas me mostraron sus vientres que tenían cicatrices con las más variadas formas y proporciones. Parecía como si el personal de salud hubiera estado simplemente experimentando y poniendo en práctica un procedimiento para el cual carecían de pericia y experiencia. En el caso de las mujeres indígenas su mundo de relaciones y funcional quedó devastado. Culturalmente la experiencia vivida me fue narrada por ellas como una agresión mortal. Me expresaron que fue como perder la vida. La esterilización motivó el abandono por parte de sus parejas y su aislamiento al interior de sus comunidades. Su mundo quedó conmocionado. Algunas padecieron largos sufrimientos sin recibir asistencia médica. Entre las que fallecieron hubieron quienes vivieron días o semanas de agonía, abandonadas a su suerte. El caso de Mamérita Mestanza que fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es sólo un caso ilustrativo de lo que padecieron aquellas mujeres.

¿Por qué la Comisión de la Verdad no incluyó en sus investigaciones la esterilización forzada?

Eso lo deben responder quienes integraron la CVR. Ciertamente no fue fácil para quienes habíamos estado en la denuncia de estos crímenes, digerir la poca apertura de la CVR a incluir estos abusos. Probablemente hoy sus miembros no darían la misma respuesta, pero entonces su negativa fue una señal poco alentadora, especialmente en lo que concierne a los derechos de las mujeres indígenas que fueron un grupo abrumadoramente afectado. Hay un relato sobre la historia de esos años cuyas huellas están en los cuerpos de las mujeres indígenas, campesinas y de menor poder social. Hay que señalar que en términos comparados en la experiencia mundial de los mecanismos transicionales, la CVR en el Perú dio un paso adelante en advertir y abordar las cuestiones de género, pero al eludir las cuestiones de las esterilizaciones forzadas, perdió un fragmento clave sobre los alcances de la violencia política que vivieron las mujeres. Lamentablemente la CVR dejó solas a estas víctimas en su lucha por sacar a luz la verdad y buscar justicia.

BVGA

Nota.

Agradecimientos al Centro de Documentación Periodística del Diario La República por el fotograma de su edición del 12 de enero de 1998.