Llamar genocidio a lo ocurrido en el Perú entre 1980 y 2000 no es política ni socialmente correcto. Comprendemos que los organismos del Estado eviten este término ya que en parte fueron responsables de ello. Pero lo llamativo es que ninguna ONG o institución privada tampoco usa esta palabra, parece que se autocensurasen en aras de una mal entendida “armonía social”. Hasta la CVR, con todo el valor y sapiencia de sus miembros, prefirió usar el inocuo término “
conflicto armado”.
Realmente no debería sorprendernos, una de las características de nuestra sociedad es no llamar a las cosas por su nombre. Parece estar enraizado en nuestros genes evitar la confrontación, la discusión abierta, guardar las formas para no herir susceptibilidades, aunque la verdad es que, lo que en otras partes se llama hipocresía, nos ha sido impuesto o promovido por los que ejercen el poder y el mando. Ellos sí pueden decir lo que sea, ellos sí pueden insultar, agredir, explotar, abusar, mentir; el resto tiene que comportarse bien y agachar la cabeza. No hay que provocar a las autoridades, no hay que ganarse pleitos ajenos, no hay que protestar.
Personas que conocen bien lo sucedido justifican la omisión de calificar como genocidio la muerte de 70,000 personas porque, dicen con empaque, habría problemas desde el punto de vista jurídico. No se obtendrían pruebas suficientes para que un juez acusara de genocidio a los terroristas que llevaron una campaña de aniquilación a todos los que se opusieran a sus deseos. Menos sería posible acusar a los miembros de las Fuerzas Armadas que asesinaron niños, mujeres y ancianos. Y como eso es difícil de probar, no lo llamemos genocidio, mejor llamémoslo “víctimas del conflicto armado”. Pero uno se pregunta ¿quién tiene que sustentar la acusación? ¿La CVR ya desaparecida cuyas funciones no incluía tal prerrogativa o el fiscal del Poder Judicial? ¿No hay un Baltasar Garzón peruano que tenga el coraje y valor de acusar de genocidio a los que los cometieron? ¿No hay un solo justo en el Poder Judicial del Perú? Sí que los hay, son muchos, pero están amordazados por el Estado y no han podido actuar bajo pena de terminar expulsados como ha sucedido con los pocos que lo intentaron.
Hagamos un alto para reflexionar sobre lo que significa Genocidio. Según la Resolución de la Asamblea General de la ONU del 9 de diciembre de 1948 genocidio son los crímenes cometidos con “
la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. Además de matar la ONU también menciona como genocidio “
la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo”. ¿No fue eso lo que sucedió en el Perú, especialmente en Ayacucho donde asesinaron a miles de inocentes porque eran indígenas, quechua hablantes, y no podían defenderse? Si eso no fue genocidio ¿qué fue?, ¿un accidente? ¿Se puede llamar “daños colaterales” a las 70,000 víctimas? ¿Sucedió que esos indígenas paseaban por allí y quedaron atrapados entre dos fuegos? ¿No fue acaso que los senderistas entraron en poblaciones, sacaron a los humildes habitantes de sus casas y asesinaron a muchos inocentes para amedrentar a los otros? ¿No fue acaso que los militares en vez de dar protección a los pobladores los asesinaron y enterraron en fosas clandestinas? ¿No fue acaso que todo indígena era sospechoso de colaborar con los enemigos, siendo estos a veces terroristas y otros militares? ¿No asesinaron a personas para apropiarse de su ganado y de sus miserables cosechas? ¿Acaso no violaron a miles de mujeres para vejarlas y desmoralizarlas? ¿Cómo se denomina todo eso?, ¿"
víctimas del conflicto armado” o genocidio en toda regla?
Por respeto a la verdad y sobre todo a las víctimas debemos llamarlo como lo que realmente fue: ¡GENOCIDIO! ¡GENOCIDIO! ¡GENOCIDIO!
