COMUNICADO DE ANFASEP
GOBIERNO APRISTA INSENSIBLE, SE BURLA UNA VEZ MÁS DE LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA POLITICA DE NUESTRO PAIS.
Decreto Supremo 051-2011-PCM, publicado en el diario Oficial el Peruano, es un despropósito del gobierno saliente, así lo sentimos los familiares de las victimas de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desparecidos del Perú – ANFASEP, por ello hacemos de conocimiento de la opinión pública regional y nacional nuestro malestar, indignación y rechazo rotundo a la referida norma. Este Decreto, establece el plazo de conclusión y sierre del proceso de registro, evaluación y acreditación de los beneficiarios del programa de reparaciones económicas, contradiciendo a la lógica de contar con un registro de víctimas de manera permanente, como lo señala el Artículo 68 del Reglamento de la Ley de Reparaciones. En consecuencia aquellos familiares de victimas que no se hayan registrado por diversos motivos, ya no podrán hacerlo nunca más.
Por otro lado, lamentamos que, lejos de convocarnos a fin de discutir y aprobar las propuestas sobre reparaciones al interior de la instancia encargada de los lineamientos y políticas de reparaciones como es el CMAN, tenga que adoptarse la decisión de implementar las reparaciones por medio de un Informe Técnico y una Resolución Ministerial, haciendo caso omiso a las exigencias que desde inicios de este gobierno, venimos haciendo las organizaciones de afectados a nivel nacional y, contradiciendo asimismo, a lo señalado en la Ley de Reparaciones y su Reglamento: Art. 7 letra e) referido a la participación: “que implica el reconocimiento del derecho y la participación de la población en la toma de decisiones y definiciones de sus propios procesos de construcción y reconstrucción social, cultural, económico y material MEDIANTE UN PROCESO DE DIALOGO Y CONSULTA que presupone incorporar y desarrollar las sugerencias de la población involucrada”.
Consideramos que el monto aprobado de diez mil nuevos soles como reparación económica por víctima, es una burla, un desprecio a la dignidad y memoria de nuestros familiares y una abierta discriminación a nosotros los afectados que en su gran mayoría somos quechua hablantes, analfabetos y vivimos en condiciones de extrema pobreza; asimismo, señalamos que la definición del monto no responde a sustento técnico alguno que este expresado en documento público, ni siquiera en el Informe Técnico; contrario a las propuestas técnicas elaboradas teniendo en cuenta los estándares internacionales y presentadas ante este Gobierno por las organizaciones de afectados por la Violencia Política a nivel nacional – CONAVIP y la por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Por todo ello, nos aunamos a las voces que exigen la inmediata derogatoria del Decreto Supremo en mención e instamos al nuevo Gobierno del Presidente Ollanta a fin que convoque a una mesa de trabajo sobre Reparaciones Económicas entre representantes del Ejecutivo y las Organizaciones de Afectados, bajo la vigilancia de la Defensoría del Pueblo y Organismos de Derechos Humanos, para dialogar y determinar los procedimientos y montos acordes a la realidad y que principalmente beneficie a las familias afectadas que viene exigiendo la reparación hace muchos años.
REPARACIONES ECONÓMICAS DIGNAS E INMEDIATAS SÍ !!!
LIMOSNAS NO !!!
Ayacucho, 17 de mayo de 2011.
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