NOTA DE
PRENSA
Familiares
de Víctimas de la Violencia Política exigen inmediata construcción del
Santuario de la Memoria de La Hoyada
Las organizaciones de derechos
humanos y de afectados por la violencia política, que integran la Comisión Multisectorial
pro Construcción del Santuario de la Memoria, expresan su preocupación por la
falta de celeridad en la construcción del Santuario de la Memoria en La Hoyada.
Hacen un llamado a las autoridades políticas y judiciales, regionales y
nacionales a impulsar sin demora este proyecto de reparación colectiva,
sanación y reconciliación.
En ese lugar contiguo al Aeropuerto,
al este de la ciudad de Huamanga, donde funcionaba un campo de entrenamiento
militar, se encontraron fosas comunes con más 100 víctimas de la violencia
política. El Santuario de la Memoria en La Hoyada es un acuerdo del Gobierno
Regional de Ayacucho que implica la realización de un proyecto integral que dignifique a las víctimas del Conflicto armado interno y
represente un espacio educativo y de reflexión sobre el proceso de violencia.
Sin embargo hasta el momento existe
una demora en la construcción debido a que una parte de los terrenos,
destinados a la construcción del Santuario, que han sido catalogados como lugar
sagrado y son de propiedad pública, han sido invadidos por pobladores, que
estarían siendo manipulados por traficantes de predios. Las organizaciones de
derechos humanos y de familiares de las víctimas exigen la inmediata atención
del Poder Judicial, a la demanda planteada para desalojar a los invasores y que
éstos sean en todo caso reubicados en otras zonas.
Ha transcurrido
más de dos años, desde que se iniciaron las acciones legales correspondientes para
cautelar y desalojar a los invasores, sin que se tengan, hasta la fecha,
resultados concretos. Pese a que el Tercer Juzgado Penal de Huamanga, que
vienen conociendo el caso, el pasado 29 de abril determinó la diligencia de
desalojo, ésta no pudo concretarse por un “error” sustancial en la Resolución
que disponía la misma. A la fecha se espera que, con la opinión del Ministerio
Público frente al recurso interpuesto por los denunciados, el juzgado proceda y
determine la continuidad del desalojo. Esta desatención por parte de los
operadores judiciales, genera suspicacias y una razonable preocupación, pues
viene perjudicando gravemente el desarrollo del proyecto que viene siendo
ejecutado por el Gobierno Regional de Ayacucho.
Las organizaciones
de afectados por la violencia, encabezados por el ANFASEP y CORAVIP, y las
organizaciones de derechos humanos, demandamos de manera urgente que el Juzgado
correspondiente, de una vez por todas, determine la realización de la
diligencia de desalojo. Instamos al Gobierno Regional a que, a través de la
Procuraduría Pública regional adopte las medidas necesarias para hacer efectiva
la diligencia, así como se inicie las investigaciones respectivas para determinar
si existen funcionarios comprometidos en festinación de trámites y malos
manejos que incidan en la demora de esta importante obra en pro de la
construcción de una cultura de Paz y No Violencia en nuestro país.
Ayacucho,
junio 13 del 2016
Equipo
Prensa MMDDHH- Ayacucho
No hay comentarios:
Publicar un comentario