En vez de derecha podría
llamarla “el sector retrógrado del Perú” o “los cavernarios” o “los
conservadores, o lo que ustedes quieran, pero todos saben a quienes me refiero.
En este caso son aquellos que para defender los crímenes causados por elementos
de las fuerzas del Estado durante el conflicto interno criticaron el Informe de
la Comisión de la Verdad y Reconciliación, lo rechazaron, desvirtuándolo,
demonizando a sus autores en especial a su presidente, el Dr. Salomón Lerner
Febres. Lo peor es que se opusieron a su divulgación y enseñanza.
¿Qué es lo que molestaba del informe?
Pues simplemente constataba que el 30% de las
70,000 víctimas fueron causadas por las FFAA y policiales. No hicieron
caso a que también decía que el otro 70% lo causaron los terroristas.
Al desvirtuar y no divulgar repetidamente
el Informe de la CVR se ha logrado que los peruanos jóvenes, los que no
vivieron los días de angustia, dolor y miedo, no crean en cosas que los mayores
hemos visto. La falta de información adecuada sobre los asesinatos que causó
Sendero Luminoso hubiera permitido a la juventud alejarse de aquellas ideas y rechazar para siempre la justificación del crimen
para obtener cambios políticos.
Ante la falta de información
y educación obligatoria en colegios y universidades, hemos logrado que la
juventud no sepa quién es Abimael Guzmán, ese asesino implacable que nunca se
arrepintió de sus crímenes, y que felizmente está preso por el resto de su vida.
Tiene suerte porque no siguió el camino
de las 50,000 víctimas que dejó y los cientos de miles de familias que lloran
inconsolables sus ausencias.
A la ignorancia del informe
de la CVR hay que añadir la impudicia con que los cavernarios del Perú, que
nunca han dejado el poder, mantienen su
campaña de ocultamiento, impunidad y escamoteo
de los autores materiales y de quienes ordenaron
u ocultaron los crímenes de sus subordinados. La falta de cooperación de las
autoridades en el esclarecimiento de los crímenes es patente, notario e
incontestable. Por ejemplo, hay más de 9,000 fosas plenamente identificadas que
no han sido abiertas por temor a encontrar huellas de los autores de los
asesinados. Además las noticias que nos traen cada día son alarmantes: rebaja
de condena al Grupo Colina; boicot del gobierno para investigar las fosas
adyacentes al Cuartel Los Cabitos en Ayacucho; retrasos en juicios a militares,
tal el caso del capitán Telmo Hurtado; etcétera. En resumen: ningún gobierno
del Perú coopera para castigar a los culpables de los crímenes causados por
elementos de las fuerzas del Estado.
Tenemos así este cuadro: por
un lado la ignorancia del Informe de la CVR. Por otro, la impunidad patente de
los elementos del Estado. Por eso no es de extrañar que aparezcan grupos como
MOVADEF que atraigan no solo a la juventud sino también a gente mal informada. El
-Movimiento Pro Amnistía y Derechos Fundamentales-, pide la libertad de Abimael
Guzmán y sus secuaces por considerarlos presos políticos. Y para colmo también
pide amnistía para los militares asesinos.
El crecimiento de este movimiento es
increíble, no hay provincia que no tenga su célula. Pero es más,
sus adeptos se están infiltrando en organizaciones sindicales como SUTEP,
universidades y centros de trabajo.
¿Qué hacer con estos grupos
subversivos? La derecha cavernaria está pidiendo sus cabezas. Los políticos
callan, miran a otro lado y algunos hasta les hacen un guiño. El gobierno no
hace nada para controlar esos peligrosos movimientos, primero porque no da el
ejemplo al proteger a sus propios criminales. Segundo porque está decidido a no
promover la enseñanza constante y obligatoria tanto en colegios como en
universidades del informe de la CVR. Y tercero porque con una cicatería rayana
en la inmoralidad se escatima y retrasa los pagos de las reparaciones
individuales a las víctimas del terrorismo debidamente empadronadas en el
Registro Único de Víctimas.
Mientras tanto el gobierno de
Humala es alabado por sus logros económicos. No importa si el 80% de los niños de
Ayacucho sufran anemia, según la Dirección Nacional de Salud, ni que el 91% de los pueblos de esa región carezca
de agua potable, según la Dirección de Salud Ambiental.
Ojalá que el gobierno
rectifique pronto y contundentemente. Por ahora está perdiendo la guerra con el
rebote terrorista en el VRAEM, no vaya a suceder que tengamos otro amargo
despertar como lo tuvo Belaúnde hace 30 años. En este caso la repetición sería
más cruenta ya que el narcotráfico financia a los terroristas.
Demos prioridad a la mejora
de las condiciones de vida del pueblo y
divulguemos por cielos y tierra el Informe de la CVR, que el 28 de este
mes cumplirá nueve años de no ser oído
ni respetado por los gobiernos.
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