(Con este artículo iniciamos una serie dedicada a examinar la perversa morosidad y patética hipocresía del gobierno para cumplir con el compromiso nacional de reparar a las víctimas de la violencia ocurrida durante las dos últimas décadas del siglo pasado.)
¿A QUIÉN NO LE CONVIENE TERMINAR EL CENSO POR LA PAZ? Antes de la que la Comisión de la Verdad y Reconciliación iniciara a fondo su trabajo, el presidente Valentín Paniagua, con gran responsabilidad social, se apresuró el año 2001 a ordenar un censo de las víctimas de la violencia durante la etapa de terror.
Al gobierno de Alejandro Toledo no le quedó otro remedio que continuar esa labor durante los dos primeros años de su mandato 2002 y 2003. Casi al final de su gobierno, y debido a las presiones suscitadas por la publicación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en octubre de 2005, Toledo ordenó continuar con el censo en abril de 2006, labor que se suspendió dos meses después de que fuera elegido presidente Alan García Pérez, que como se sabe en un tiempo fue acusado de genocidio.
No nos debería extrañar la falta de apoyo del actual mandatario: los informes preliminares del llamado Censo por la Paz no le convienen. Y tampoco convienen a los rezagados defensores de la oligarquía criolla como el ministro de Defensa, Rafael Rey, ni a su cofrade del Opus Dei el cardenal Cipriani, que en esos tiempos fue obispo de Ayacucho. Tampoco conviene a la decrépita clase racista que infecta el Perú la divulgación de estos documentos oficiales, SÍ, SON DOCUMENTOS OFICIALES.
Si la gente del Perú adquiriera conciencia de lo preliminarmente censado, otra suerte correrían los asesinos que alegremente disfrutan de impunidad.
• No, no es bueno que el pueblo peruano sepa con pelos y señales, es decir los nombres, sexo, edad de las personas que fueron asesinadas y torturadas y quienes fueron sus perpetradores.
• No es bueno que los peruanos sepan que, si es verdad que los miserables terroristas de Sendero Luminoso fueron causantes del 65% de las muertes, un 21%, repito: según documentos oficiales, fueron asesinados por las fuerzas del Estado. Los terroristas están presos o huidos. Los asesinos de las fuerzas del Estado gozan de libertad.
• No es bueno que se sepa que una cuarta parte de los asesinados en Ayacucho fueron valientes mujeres que lucharon por la libertad de sus pueblos, como Petronila Morote, que a sus 70 años era alcaldesa de Ococro y que fue una de las primeras víctimas de Sendero Luminoso en 1980. A su hermano Jesús lo asesinó el Ejército en 1983, quizá por sospechoso; y a Benedicta, la hermana menor de todos, la mató Sendero Luminoso en 1984. ¿Esto se puede olvidar?
• No conviene que tengamos presente que un 8% de los muertos fueron niños y ancianos.
¿QUÉ SE GANA CON EL RETRASO?
Como dijimos, durante el gobierno de Alan García no se hizo nada por terminar el censo. Cinco años perdidos. ¿Qué esperan? ¿Que los familiares olviden a sus muertos? ¿Que fallezcan los torturados, los huérfanos, las mujeres violadas? Oficialmente dicen que están preparando la quinta etapa; en eso ha pasado todo su mandato: preparando. Claro, no quiere que sepamos la verdad completa, y no solo por evitar la culpa que debe recaer sobre los que hasta ahora gozan de impunidad vergonzosa sino, y ojo esto es importante, porque no quieren reparar los daños económicos de las víctimas con los que se ha comprometido la nación.
¡VIVA LA IMPUNIDAD! ¡VIVA ALAN GARCÍA! ¡VIVA EL CARDENAL CIPRIANI!
