El presente
informe analiza de forma detallada el problema del uso indebido del derecho
penal por parte de actores estatales y no estatales con el objeto de criminalizar
la labor de defensoras y defensores de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH o “la Comisión”) ha recibido de forma continua información
apremiante corroborando que las y los defensores en las Américas son sistemáticamente
sujetos a procesos penales sin fundamento en diversos contextos, con el fin de
paralizar o deslegitimar las causas que persiguen. Esta situación es de suma preocupación para
la CIDH ya que el uso indebido del aparato penal del Estado en contra de
defensoras y defensores de derechos humanos no sólo interfiere con su trabajo
de defensa y promoción de los derechos humanos, sino que también afecta el rol
protagónico que éstos tienen en la consolidación de la democracia y el Estado
de Derecho.
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