Gloria Cano, directora de Aprodeh,
señalo que el incumplimiento del Estado Peruano de sus obligaciones
internacionales en relación a las sentencias emitidas por la CIDH tiene
un carácter sistemático. En la misma línea, Gisela Ortiz, familiar del
caso La Cantuta, lamentó que “en la lucha contra la impunidad el Estado
no es nuestro aliado… al no querer reconocer su responsabilidad en los
casos de violaciones de DDHH”.
Las sentencias de la Corte, que datan de
los años 2005 (caso Gómez Palomino), 2006 (casos Baldeón García y La
Cantuta), 2007 (caso Cantoral García) y 2009 (caso Anzualdo Castro),
comprometen al Estado Peruano a una serie de medidas, tales como
reparaciones en salud, educación, actos públicos de reconocimiento de
responsabilidad, y la obligación misma de investigar, identificar,
juzgar y sancionar a los responsables. “Han pasado varios años y
todavía no se cumple lo requerido por las sentencias”, concluyó Ortiz.
Marly Anzualdo, hermana de Kenneth
Anzualdo, joven desaparecido hace 20 años en los sótanos del Servicio de
Inteligencia, alertó que Vladimiro Montesinos y Santiago Martín Rivas
todavía no han sido sentenciados por la desaparición de su hermano, e
instó a las autoridades y a la sociedad civil a convertir en un lugar de
memoria los sótanos del “Pentagonito”, donde muchos fueron asesinados e
incinerados, en última instancia desaparecidos.
Desde la Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos, colectivo de 82 instituciones de la sociedad civil que
en todo el Perú trabajan por la defensa y promoción de los derechos
humanos, acompañamos el reclamo de los ciudadanos peruanos que llevan
décadas buscando justicia.
Dato: La CIDH, entre otras medidas,
exige implementar, en un plazo razonable, programas permanentes de
educación en derechos humanos para los miembros de los servicios de
inteligencia, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como para
jueces y fiscales.
http://derechoshumanos.pe/wp-content/uploads/2013/02/Cartas-Casos-CorteIDH.pdf
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