Para la investigadora norteamericana de la Universidad de Cornell, Jocelyn E. Getgen, no hay ninguna duda: las esterilizaciones forzadas perpetradas durante el gobierno de Alberto Fujimori y que violentaron a más de 200,000 mujeres peruanas indígenas quechuahablantes y de bajos ingresos, fueron un acto de genocidio. “Verdades no contadas: La exclusión de las esterilizaciones forzadas del informe final de la Comisión de la Verdad peruana”, es el título del estudio realizado por Getgen, y en la que se exponen detalles de cómo el gobierno de Fujimori, amparado en una vergonzosa política de planificación familiar, esterilizó a miles de peruanas contra su voluntad.Esterilización obligada
La investigación precisa que pocos meses después de que el ex presidente Fujimori asumiera el poder, en 1990, anunció una “política de control de la natalidad” como una manera de brindar igualdad de acceso a la anticoncepción a los pobres. Pero no fue hasta cinco años después, y luego de consumado su autogolpe, que el Congreso aprobó una modificación de la Ley Nacional de Población de 1985, autorizando la esterilización como método de planificación familiar.
En 1996 la administración de Fujimori implementó sigilosamente una política demográfica para el control poblacional, invocando los principios de justicia social y derechos humanos; es decir, disfrazó la presión internacional y nacional que exigían el control de la natalidad para abordar la creciente brecha entre los sectores socio-económicos peruanos, invocando como excusa que “las mujeres pobres merecen las mismas oportunidades que las mujeres ricas para regular su fertilidad”, y que “todas las mujeres tienen el derecho a controlar sus cuerpos y utilizar anticonceptivos si así lo desean”.El agresivo Programa de Planificación Familiar del gobierno fujimorista fue tan perverso, que los funcionarios de gobierno encargados del mismo debían alcanzar objetivos y metas numéricas anuales para los programas de esterilización. Es decir, se creó un sistema de cuotas a ser cumplido obligatoriamente por los prestadores de salud quienes de ésta forma conservaban su empleo, pero además obtenían compensaciones monetarias y también ascensos.
Lo sombrío es que esta política de “planificación familiar”, nombre eufemístico con el que se llamó a la ligadura de trompas, se practicó sin el consentimiento informado de las mujeres, a las que engañaban diciéndoles que era el “único método gratuito de anticoncepción” disponible para ellas. Incluso se condicionó la entrega de ayuda alimentaria a la decisión de someterse a éstas intervenciones quirúrgicas.
Como resultado de estas operaciones realizadas sin las más mínimas condiciones de higiene y cuidado, fueron muchas las mujeres que padecieron infecciones y secuelas en su salud, habiendo incluso algunas que perdieron la vida como la señora María Mestanza, cuyo caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La omisión de la CVR
Jocelyn E. Getgen subraya en su investigación la labor de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), a la que reconoce su titánica labor por aclarar la magnitud de las atrocidades cometidas en contra de los peruanos durante los años del conflicto armado interno peruano, y durante la dictadura de Alberto Fujimori, pero al mismo tiempo critica y cuestiona la decisión de este organismo de excluir en su informe final lo referido a las esterilizaciones forzadas.
“Los comisionados no vieron a las esterilizaciones forzadas como crímenes incluidos en el mandato de la Comisión de la Verdad”, dice Getgen y añade que “Si bien la inclusión de estos abusos no habría garantizado una victoria tangible para las víctimas o sus familias, habría constituido una victoria moral y simbólica para las mujeres quechuas rurales de bajos ingresos, y un paso adelante en la dura batalla por su reconocimiento como ciudadanas peruanas”. La investigadora asegura también que aunque el gobierno peruano ofreció disculpas públicas por la campaña de esterilización masiva, la exclusión de estos casos de cualquier comisión investigadora redujo en gran medida la posibilidad de la rendición de cuentas individuales por parte de los perpetradores.
En ese sentido, el estudio de Jocelyn E. Getgen aboga porque en el futuro los defensores de los derechos humanos, y otros miembros de la sociedad civil, presionen para no dejar impune estos crímenes contra la mujer peruana más vulnerable, e incentiva a buscar esa esquiva y anhelada justicia para las víctimas sobrevivientes de la esterilización forzada.
Si desea conocer al detalle el trabajo de Jocelyn E. Getgen: “Verdades no contadas: La exclusión de las esterilizaciones forzadas del informe final de la Comisión de la Verdad peruana”, haga click aquí para dirigirlos a la versión en PDF del artículo (en inglés).
Agradecemos al Boston College- institución que posee los derechos de la investigación- y a la autora por el permiso para poner a su disposición el estudio.
